5-03-20
Cerca de un 40% de los jubilados cobrará menos de lo que les correspondería por ley: cuánto ahorrará el Estado
a suspensión de la ley de movilidad jubilatoria y los aumentos por decreto están generando un vendaval de magnitud para el todavía flamante gobierno de Alberto Fernández.
Ocurre que tres millones de jubilados que realizaron aportes previsionales en su etapa laboral activa cobrarán en promedio un 37% menos de lo que les correspondería si se hubiese aplicado la ley de Movilidad para el trimestre marzo-mayo, con extremos como una ganancia del 11,7% para el haber mínimo y una quita del 57,2% para los superiores.
En tanto, la reasignación de recursos que representará para el Estado nacional un ahorro mensual de $5.586,7 millones, detalla Infobae.
Los datos surgen de sendos análisis de la consultora Econométrica y del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que manifestaron opiniones divergentes en relación con el anuncio de aumentos en las jubilaciones formulado el viernes por el presidente Alberto Fernández, el director de la ANSES, Alejandro Vanoli, y la directora del PAMI, Luana Volnovich.
Ocurre que tres millones de jubilados que realizaron aportes previsionales en su etapa laboral activa cobrarán en promedio un 37% menos de lo que les correspondería si se hubiese aplicado la ley de Movilidad para el trimestre marzo-mayo, con extremos como una ganancia del 11,7% para el haber mínimo y una quita del 57,2% para los superiores.
En tanto, la reasignación de recursos que representará para el Estado nacional un ahorro mensual de $5.586,7 millones, detalla Infobae.
Los datos surgen de sendos análisis de la consultora Econométrica y del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que manifestaron opiniones divergentes en relación con el anuncio de aumentos en las jubilaciones formulado el viernes por el presidente Alberto Fernández, el director de la ANSES, Alejandro Vanoli, y la directora del PAMI, Luana Volnovich.
El director de Econométrica, Ramiro Castiñeira, sostuvo que las jubilaciones "no dependen del Poder Ejecutivo sino de una ley" y que con los incrementos anunciados "pasamos de la reparación histórica" a "la licuación histórica".
"Más allá de que el Congreso haya suspendido la aplicación de la ley, la última palabra la va a tener el juez. Y el juez ya ha dicho que esto es una violación a la propiedad privada", manifestó el economista, además de señalar que, si se excluye a los pasivos beneficiados por leyes especiales, de un universo de 6,6 millones de jubilados hay aproximadamente 3 millones que realizaron aportes y 3,6 millones que accedieron mediante moratorias previsionales.
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Por el contrario, CEPA, si bien presenta un informe en el que reconoce que la modalidad adoptada por el Gobierno implica "una reducción del monto de jubilaciones agregadas de unos $5.500 millones" en relación con el aumento general del 11,56% dispuesto por la ley suspendida, sostuvo que "no se puede hablar de ajuste sobre los jubilados" ya que el incremento promedio de "casi 8%" es similar a la inflación que la entidad proyecta para el trimestre marzo-mayo.
En una previsión de las demandas que podrían realizarse, Castiñeira señaló en su cuenta de twitter que "licuar las jubilaciones arriba de la mínima entre 2002-2006 gatilló una lluvia de juicios contra el Estado", aunque distinguió entre esa "lluvia" y la "garúa de sentencias y un mero goteo de gasto público para su pago".
"Los pocos que cobraron lo hicieron 10 años más tarde vía reparación histórica, o quedó de herencia", lamentó, según indica Infobae.
Tomando como referencia el incremento del 11,56% que hubiese correspondido aplicar según la ley de Movilidad suspendida en diciembre, Castiñeira presentó cuatro realidades diferentes de acuerdo con los aumentos anunciados de una suma fija de $1.500 más 2,3%:
- Los jubilados con aportes tendrán en promedio un aumento del 7,3%, lo que implica una quita del 37% respecto de la suba del 11,56%.
- Los pensionados con aportes tendrán un aumento del 9,8%, con un recorte del 15%.
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- Los jubilados con moratoria recibirán un incremento del 12,7%.
- Por último, los pensionados con moratoria una suba del 12,9%.
En el desagregado según el nivel del haber jubilatorio, Castiñeira precisa que aquellos que cobran el haber mínimo tendrán una mejora del 11,7%, ya que el aumento combinado de $1.500 más 2,3% les representa un incremento del 13%.
A medida que se incrementa el haber jubilatorio, el porcentaje efectivo de aumento disminuye, ya que el componente de suma fija representa una proporción menor.
Para aquellos que perciban el equivalente a 2 jubilaciones mínimas ($28.136) el ajuste combinado será un equivalente al 7,6%, con una pérdida del 34,2% en relación con lo que hubiesen cobrado con la aplicación de la ley.
En el caso de los que cobren el equivalente a 3 haberes mínimos, la suba será del 5,9% y la quita del 49,5%, en tanto para los que cuenten con una jubilación equivalente a 4 mínimas el aumento será del 5% y el recorte del 57,2%.
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"Si se quiere un sistema de reparto donde todos tengan una jubilación mínima independientemente del aporte realizado, esa deberá ser una norma explícita, para no estafar más a nadie. Pasamos de la reparación histórica... volvemos a la licuación histórica", sentenció Castiñeira en su cuenta de twitter.
Al respecto, planteó en declaraciones a Infobae que "la base del sistema es aportar y cobrar en función de lo aportado, pero de repente te dicen que todo eso es un verso. No se sabe de cuánto va a ser el próximo aumento, vuelve la discrecionalidad".
Por el contrario, CEPA puntualizó que "no resulta menor" discutir "cómo se aplica la suma fija y el complemento variable sobre los segmentos de jubilaciones" y en ese sentido destacó que "una mayor mejora, en términos relativos, para los jubilados de menores ingresos favorece aún más al consumo, el principal componente de la actividad económica".
Por esa vía, CEPA llega a la paradoja de sostener que "no se puede hablar de ajuste sobre los jubilados", aunque a la vez admite que "considerando esta estructura de distribución de jubilaciones, el aumento implicaría una reducción del monto de jubilaciones agregadas de unos $5.500 millones".
"El incremento de un monto fijo de $1.500 más 2,3% implica un incremento de casi 8% de aumento respecto del monto agregado de jubilaciones previas, es decir, no habría pérdida de poder adquisitivo si se considera una estimación de inflación de 8,04% para el trimestre marzo-mayo de 2020", sostuvo, para agregar que en el caso de la jubilación mínima el aumento anunciado representa "unos $200 adicionales" sobre lo que se hubiese dispuesto con la ley de Movilidad, señala Infobae.
A diferencia del cálculo de Econométrica, la entidad dirigida por Hernán Lechter aseguró que "el aumento para los primeros tres quintiles (el 60% de los casos) superaría la fórmula de la movilidad anterior, el cuarto quintil quedaría al nivel de la inflación estimada por CEPA y solo el 20% quedaría por debajo de la inflación"
24/2/2020
Los jubilados juntaron firmas para volver a la ley de movilidad, impuesta en el gobierno de Macri
Lo hizo el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino. “Queremos evitar y ayudar al Gobierno y a los jubilados para que no haya una nueva ola de litigiosidad”, explicó.on la firma de unos 7 mil jubilados, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, presentó este viernes ante la Justicia una demanda colectiva para cuestionar el cambio en el cálculo jubilatorio dispuesto por el gobierno nacional, solicitando que se declare su inconstitucionalidad.
La demanda fue presentada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9, a cargo de la jueza Silvia Saino, subrogante. En el caso de no obtener una resolución favorable, Semino adelantó que pedirán un recurso "per saltum" para llegar a la Corte Suprema."Tenemos ya siete mil adhesiones, no sólo las de la Ciudad de Buenos Aires, sino del interior del país, Córdoba, Rosario, Mendoza, Comodoro Rivadavia, que nos van mandando sus peticiones", contó Semino en declaraciones a radio Continental."Lo que se apunta -indicó el funcionario- es tratar de evitar que el Estado termine generando una enorme industria del juicio, como en el caso Badaro, entre otros, donde la larga espera hasta que sale el fallo judicial ha visto morir a millones de jubilados sin que puedan gozar de su derecho".este sentido, al explicar los detalles de la presentación, Semino sostuvo que están "planteando la inconstitucionalidad y una medida cautelar para que se aplique a todos por igual, para que se aplique el índice que había generado la ley de movilidad".Asimismo, manifestó que los que cobran la jubilación mínima están exceptuados de esta presentación "porque con el nuevo esquema están percibiendo 192 pesos más por mes respecto del esquema anterior"."La idea es volver a la movilidad anterior hasta que se fije otro tipo de movilidad. Lo que estamos tratando es de evitar y ayudar al Gobierno y a los jubilados para que no haya una nueva ola de litigiosidad", insistió.El gobierno nacional dispuso un aumento para todos los jubilados de 2,3% más un fijo de 1.500 pesos y la Defensoría argumenta que mientras que para los que cobran la mínima implica un incremento, para los que perciben por encima de ese monto significa una pérdida de ingresos respecto del anterior cálculo jubilatorio.
La argumenta que mientras que para los que cobran la mínima el nuevo esquema que estableció por decreto el Gobierno implica un incremento, para los que perciben por encima de ese monto significa una pérdida de ingresos respecto del anterior cálculo jubilatorio.Cuando anunció el nuevo aumento, el Presidente lo presentó como un nuevo esquema “solidario” que favorece a los jubilados que menos cobran frente a los que más ganan. En rigor, según cálculos técnicos, el Gobierno podría ahorrar unos $5.100 cada mes, y la cifra podría crecer hasta los $100.000 millones en todo 2020 si se repite el mismo régimen de aumento a mediados de año. Los aumentos con suma fija tienen como consecuencia el “achatamiento” de la pirámide de ingresos, porque los jubilados reciben casi el mismo momento por igual, con lo cual los que perciben los haberes más bajos comienzan a “alcanzar” a los de haberes medios. Esa situación ocurrió durante el Gobierno de Néstor Kirchner, que eligió dar aumentos por decreto con sumas fijas y de ese modo creció sensiblemente la cantidad de personas que terminaron cobrando la jubilación mínima. Hoy, esa proporción bajó hasta menos de la mitad de los jubilados. Con el aumento de Fernández, la totalidad de los jubilados que hicieron aportes a la seguridad social durante su vida laboral terminaron cobrando menos de lo que les hubiera correspondido si seguía en práctica la Ley de Movilidad sancionada a finales de 2017 por iniciativa del Gobierno de Mauricio Macri. Hace diez días, el Gobierno convocó a una comisión con miembros del Poder Ejecutivo y el Congreso para comenzar a diseñar una nueva ley de Movilidad Jubilatoria. A pesar de que el plazo de la suspensión de la ley anterior concluye en junio, hasta ahora no se conocen detalles del nuevo proyecto legislativo.
Con información de Télam.
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